¡Pongamos fin a los abusos!: El llamado a frenar la sangría silenciosa del sistema de salud
Por RG
Mar del Plata, 17 de agosto de 1990 —
En un contexto de inflación, recesión y creciente malestar social, millones de trabajadores argentinos sostenían, muchas veces sin saberlo, un sistema que drenaba recursos de sus bolsillos mediante aportes sindicales y cuotas obligatorias para obras sociales.
El mecanismo, en apariencia simple —un 3% de aporte sindical más un 3% de cuota para obra social— representaba, para un trabajador promedio, descuentos que podían llegar al 6% de su salario mensual. En 40 años de vida laboral, esto equivalía a casi tres años de sueldo completo entregados al sistema sin que el beneficiario pudiera ejercer un control real sobre su destino.
El problema estructural: un sistema opaco
La denuncia señalaba que la estructura estaba diseñada para operar como una “caja cerrada”, donde la masa de aportes se administraba con escasa transparencia y donde el trabajador común desconocía sus derechos, quedando expuesto a abusos por parte de prestadores y autoridades.
En Mar del Plata, el artículo advertía sobre abusos localizados, como el cobro de adicionales indebidos a pacientes que ya financiaban el sistema con sus aportes, y la falta de mecanismos para reclamar o auditar el uso de fondos.
Los canales de atención y el “plus” injustificado
El esquema de atención se articulaba en tres niveles:
- Arancel básico — cubierto por el aporte mensual.
- Arancel diferenciado — con tarifas superiores bajo el concepto de “especialista”.
- Cobertura privada adicional — con precios aún más altos.
En teoría, las obras sociales no podían cobrar más que el arancel básico en sus servicios. En la práctica, el cobro de plus y diferencias era moneda corriente, amparado en vacíos normativos y la falta de control.
El derecho a elegir y a reclamar
El artículo instaba a los afiliados a conocer y ejercer su “derecho de opción”, es decir, la libertad de elegir el médico o centro de atención dentro del sistema, y exigir la atención sin cargos adicionales.
También llamaba a conservar los comprobantes de pago y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades de la obra social o entes reguladores.
La raíz del abuso
La problemática no residía únicamente en el comportamiento individual de algunos prestadores, sino en una estructura sistémica de poder concentrado, donde los flujos de dinero de millones de aportantes quedaban bajo control de pocos dirigentes y administradores, sin participación directa de los beneficiarios.
Este modelo, advertía el artículo, era insostenible a largo plazo y llevaba al deterioro progresivo de la calidad de la atención, fomentando desigualdades y filtraciones de recursos que debilitaban el sistema.
Un llamado a la acción colectiva
El texto concluía exhortando a los afiliados a organizarse, reclamar, y documentar cada abuso, para forzar un cambio estructural que garantizara la transparencia y el verdadero acceso a la salud.
El mensaje central era claro:
“Moverse siempre dentro de los derechos que el sistema garantiza… así se ponen fin a los abusos.”
✍️ Roberto Gomes (ex jefe de redacción diario El Atlántico MDQ)
Arquitecto, periodista, ambientalista, activador de conciencia urbana.
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