Fuego cruzado en el Concejo Deliberante
Por RG
Radicales niegan maniobra contra el edil Pascual Scotti y reconocen que “las ordenanzas se negocian”
El Atlántico – 21 de marzo de 1991 – Mar del Plata
La sesión del Honorable Concejo Deliberante venía arrastrando un clima tenso desde hacía días, pero ayer la temperatura política alcanzó un punto máximo. En una conferencia de prensa, el bloque de concejales radicales rechazó las versiones que los vinculaban con un presunto intento de “tenderle una cama” al cuestionado edil del FREJUPO, Pascual Scotti, investigado por presuntas irregularidades.
La acusación más fuerte contra Scotti giraba en torno a la ordenanza de excepción que beneficiaba al Hotel Continental, y que, según denunció el edil radical Naldo Cano, habría sido objeto de un intento de “negociación” a cambio de apoyo al presupuesto municipal. Cano sostuvo que el propio Scotti “dio a entender” esta intención, y que el bloque radical decidió aportar la información a la Justicia.
“Las ordenanzas se negocian”
Lo que en un principio parecía un acto de defensa institucional terminó abriendo otro frente de debate: en la misma rueda de prensa, tres concejales radicales —Cano, Daguerre y Aprile— admitieron que, en la práctica, las ordenanzas “se negocian” entre los distintos bloques.
Lejos de retractarse, explicaron que esta dinámica era habitual en la vida legislativa local: en posiciones de “blanco o negro”, se buscaba un punto intermedio (“gris”) para lograr consensos. Esta sinceridad, sin embargo, dejó al descubierto un sistema que, para muchos, bordeaba el “negociado político” y la transacción de favores.
El trasfondo del caso Scotti
El concejal Scotti estaba bajo la lupa por presuntas gestiones para condicionar su voto en el presupuesto de 1989 a cambio de la aprobación de la ordenanza que beneficiaba al hotel. Desde el radicalismo aclararon que no habían buscado su renuncia anticipada ni maniobrado para evitar que María del Carmen Viñas asumiera la presidencia del HCD tras la salida de Scotti, pero sí cuestionaron su permanencia en funciones mientras avanzaba la investigación judicial.
Daguerre subrayó que la conducta del bloque justicialista fue “meritoria” al exigirle la renuncia a Scotti, en contraste con la postura del propio edil, que “nunca se tomó licencia” mientras era investigado.
Un clima de sospecha general
La conferencia no solo trató el caso puntual. Los radicales aprovecharon para remarcar que la corrupción no tiene “color político” y que el problema excedía a un bloque o partido. “Esto salpica a todos”, afirmó Cano, en alusión a la necesidad de transparencia en el Concejo.
El debate sobre la burocracia municipal también estuvo presente: mientras algunos acusaban al área de Planeamiento y Obras de ineficiencia, otros defendían la complejidad técnica de su funcionamiento.
Epílogo con mensaje político
El documento emitido por el bloque radical cerró con una declaración contundente:
“La comunidad exige de sus representantes una lucha decidida contra la corrupción y contra las carencias que afectan el funcionamiento del Concejo Deliberante”.
Aun así, el reconocimiento público de que “las ordenanzas se negocian” quedó flotando como un eco incómodo en el salón. En tiempos donde la transparencia se reclamaba con fuerza desde la sociedad civil, la admisión de esta práctica generó un impacto político que iba mucho más allá del caso Scotti.
✍️ Roberto Gomes (ex jefe de redacción diario El Atlántico MDQ)
Arquitecto, periodista, ambientalista, activador de conciencia urbana.
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