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“La Justicia investiga robo de agua” — anatomía de una pérdida anunciada (Mar del Plata, 1994)

La nota abre con una imagen fuerte: inspecciones de OSSE que, al levantar tapas y revisar cámaras, empiezan a descubrir conexiones clandestinas, by-pass de medidores, tomas directas y cargas irregulares desde la red pública. El interventor Albino Bianchini confirma a este diario que hay “multas ejemplares” en camino y que los casos ya están en sede penal. La fiscal Arrola de Galandrini inicia actuación de oficio: no es solo un tema administrativo —dice el texto—; es un delito que le roba presión y servicio al resto de la ciudad.

Cómo se robaba el agua

La crónica enumera modalidades repetidas en distintas zonas y rubros:

• Puentes que saltean el medidor (el reloj “gira” para la foto pero no mide el consumo real).
• Tomas directas desde cañerías maestras o hidrantes.
• Cargas en camiones cisterna sin autorización ni facturación.
• Instalaciones internas “dobles”: una para mostrar, otra para consumir.

Todo tiene la misma consecuencia: litros que no existen en la factura pero sí en la calle, caídas de presión en horas pico, pérdida de recaudación para mantener redes y potabilización, y un mensaje pésimo al contribuyente que sí paga.

¿Negligencia o eficiencia?

La pieza detalla un dilema clásico: durante años faltaron controles y macro-medición; hoy, con inspecciones más duras, aparecen los fraudes. ¿Es que se robaba más o que ahora se mira mejor? La respuesta práctica del artículo: da igual. Lo que importa es cerrar el agujero

Robo de agua en Mar del Plata — cómo se descubrió, quiénes quedaron expuestos y qué cambia

Titular de la época: “La Justicia investiga robo de agua”.
Claves del caso: inspecciones técnicas de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad de Estado), actuación de oficio de la jueza Arrola de Galandrini y anuncio de multas por parte del director de OSSE, Albino Bianchini.

¿Qué se detectó?

Una red paralela de consumos no registrados en el área portuaria y en instalaciones vinculadas a organismos públicos y privados. Los técnicos relevaron:

• Conexiones clandestinas derivadas antes del medidor o sin medidor.
• Tomas directas desde hidrantes y cañerías troncales —algunas con bombas de succión que deprimían la presión barrial.
• “Usos grises” amparados en convenios viejos o inexistentes (lavados, pruebas, recargas), que se facturaban como si fuesen emergencias —es decir, a costo cero—.

El hallazgo no fue menor: pérdida de caudal y de recaudación para el sistema, con impacto directo en mantenimiento y obras.

La reacción institucional

• La jueza abrió una actuación de oficio tras los informes de OSSE y las publicaciones periodísticas, para asegurar prueba, identificar responsables y tipificar el hurto de servicios.
• OSSE inició un plan de regularización y sanciones: cortes, retiro de conexiones clandestinas, instalación de medidores, refacturación retroactiva y multas a usuarios y titulares de establecimientos.

Las zonas grises que quedaron al desnudo

1. Emergencias vs. rutina
   Los hidrantes y tomas públicas son para incendios. Cualquier otro uso (lavado de unidades, pruebas, recargas, abastecimiento operativo) debe pagarse y registrarse.
2. Convenios sin control
   Acuerdos con entes nacionales/provinciales o concesionarios del Puerto no reemplazan la obligación de medir y facturar.
3. Bombeo directo
   Está prohibido extraer de la red con bombas sin sistema de protección: baja presión en los barrios, riesgo sanitario y daño a las cañerías.

Qué medidas técnicas prometió OSSE

• Sectorización y macromedición para comparar agua inyectada vs. facturada por zonas y detectar desvíos.
• Medición universal en grandes usuarios y puntos “sensibles”.
• Auditorías recurrentes y un régimen de penalidades escalonado (desde recargo y corte hasta denuncia penal).

¿Qué cambia para el vecino?

• Mejor presión y menor intermitencia cuando se eliminen las succiones ilegales.
• Más obras: cada metro cúbico recuperado financia cañerías, válvulas y mantenimiento.
• Transparencia: publicación de cortes programados, mapas de pérdidas y resultados de auditorías.

Lo que dejó la investigación

Este caso fijó un precedente: el agua es un servicio público con valor económico y uso regulado. No hay “zonas libres” ni excepciones de hecho. Donde entra la medición y la trazabilidad, sale la discrecionalidad. Y cuando la Justicia acompaña, el mensaje es nítido: robar agua es robarle a toda la ciudad.

✍️ Roberto Gomes (ex jefe de redacción diario El Atlántico MDQ)

Arquitecto, periodista, ambientalista, activador de conciencia urbana.

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