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El ciudadano común — quién paga, quién responde

Por RG

La columna parte de una escena sencilla: un concejal (Reinaldo Cano) convoca a la prensa para mostrar, con cuadros y cifras oficiales, las “injusticias” financieras que —sostiene— vienen sufriendo Mar del Plata frente a la Provincia y la Nación. No es un alegato al aire: trae un análisis comparativo de recursos y coparticipación, y afirma que a la ciudad le retuvieron montos millonarios que nunca volvieron en obras ni en servicios. El dato político clave: el Concejo Deliberante ya había votado (y hasta reservado partidas para honorarios) iniciar acciones legales para recuperar ese dinero; sin embargo, el Departamento Ejecutivo no avanzó. Silencio administrativo donde debía haber gestión.

En paralelo, la nota recuerda que en los ’80 el municipio subió tasas y reordenó tributos, pero el vecino siguió viendo calles rotas, barrios sin servicios, hospitales exigidos y basura que se acumula. De allí el título: el ciudadano común. Es el contribuyente que paga todo —tasas, sellos, multas, IVA, combustibles— y que, aun haciendo la fila y cumpliendo, recibe menos de lo que el Estado promete. El artículo lo define con contundencia: “el ciudadano común financia la fiesta y mira desde afuera”.

Sobre ese telón de fondo aparece un apartado agrio y muy concreto: “¡FOTOS NO, EH!”. La crónica cuenta que, durante una recorrida por dependencias municipales, un funcionario increpó a un reportero para impedirle tomar imágenes. El gesto —de otra época— no es anecdótico para el texto: cuando el poder le teme a la cámara, algo quiere ocultar. Si un empleado cobra con fondos públicos, debe soportar el control público: explicaciones, documentos, fotos y, si hace falta, auditorías.

La pieza va y viene entre números y escenas, pero empuja una misma idea: responsabilidades con nombre propio.

• Si la Provincia descuenta o demora transferencias, que se muestre el expediente y se intime por las vías que correspondan.
• Si el Ejecutivo municipal eligió no demandar pese al mandato del Concejo, que explique por qué.
• Si hay “errores” contables o “fallas de sistema” que siempre perjudican al mismo, que se corrijan y se publiquen los cambios.

La conclusión, sin eufemismos: la cuenta siempre la paga el vecino. Y cuando no hay rendición de cuentas, aparece la peor mezcla —impunidad e indolencia— que termina normalizando lo inaceptable: que la ciudad “aguante” mientras otros deciden. Por eso la nota propone un paquete mínimo, todavía vigente:

1. Transparencia activa
   1. Publicar mensualmente la ejecución presupuestaria, deudas y transferencias recibidas.
   1. Subir a la web todos los contratos, licitaciones, adendas y pagos, con buscador por proveedor y obra.
2. Acción por los fondos
   1. Si hay recursos retenidos por Provincia/Nación, acciones administrativas y judiciales claras, con cronograma y responsable político designado.
   1. Informe trimestral al Concejo y a la ciudadanía sobre avances.
3. Gobierno abierto y control social
   1. Boletín oficial accesible, mesa de datos abiertos y auditorías ciudadanas (universidades, colegios profesionales, ONG).
   1. Protección a la prensa y protocolo que garantice libre cobertura en áreas públicas: cámara como garantía, no como amenaza.
4. Regla de oro de servicios
   1. Cada punto de tasa que se cobre tiene que traducirse en un estándar medible: bacheo por cuadra, luminarias por barrio, turnos de salud, frecuencia de recolección. Sin indicador, no hay aumento.

La pieza no demoniza a “la política” ni idealiza al contribuyente; pide algo básico: trato de adulto con la sociedad. Si hay un despojo, que se recupere. Si hay negligencia, que se corrija. Si hay mala fe, que se sancione. Y entre tanto, que no se le vuelva a pedir al ciudadano común una fe ciega que el Estado no honra con hechos. Porque la legitimidad —recuerda la nota entre líneas— no se reclama: se gana con resultados y con cuentas claras.

✍️ Roberto Gomes (ex jefe de redacción diario El Atlántico MDQ)

Arquitecto, periodista, ambientalista, activador de conciencia urbana.

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